Más de 57.000 expedientes que documentan ejecuciones, desapariciones y otras graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996) están siendo sometidos a un proceso de rescate ante el grave deterioro que amenaza al único archivo estatal dedicado específicamente a las víctimas de la guerra .

El acervo, compuesto por cerca de cinco millones de hojas, es intervenido por especialistas contratados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), quienes trabajan en la conservación física de los documentos .

La relevancia de este archivo radica en que más de la mitad de las víctimas registradas en el antiguo Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) quedaron pendientes de recibir reparación antes de que la institución cerrara sus operaciones en diciembre de 2023 . Según Agustín Cux Chan, excoordinador del extinto programa, solamente el 49% de las personas que solicitaron una compensación recibieron el resarcimiento antes del cierre .

“Este archivo es el único estatal que habla del periodo de las víctimas y de las graves violaciones a los derechos humanos a cargo del Ejecutivo”, explicó Lisbeth Barrientos, coordinadora técnica del proyecto por parte de las agencias de la ONU .

El conflicto armado guatemalteco se prolongó durante 36 años y dejó más de 200.000 personas asesinadas y unas 45.000 desaparecidas, principalmente integrantes de población indígena. Informes independientes atribuyen a las fuerzas estatales y grupos vinculados a ellas más del 90% de las violaciones documentadas durante la guerra civil .

Tras el cierre del PNR, la custodia legal y administrativa de las instalaciones pasó al Ministerio de Desarrollo Social, a través del Fondo de Desarrollo Social (Fodes). Sin embargo, el almacenamiento prolongado bajo condiciones ambientales adversas y sin los mecanismos adecuados de conservación favoreció la aparición de hongos, bacterias y corrosión en parte de los folios .

Barrientos destacó que los documentos poseen “múltiples vocaciones” históricas y judiciales, ya que pueden contribuir a reconstruir lo ocurrido durante el conflicto, identificar víctimas y aportar información para procesos relacionados con memoria, verdad y justicia. “Permiten localizar información de personas ejecutadas o desaparecidas, tanto adultos como niños, y documentar el daño al tejido social de las comunidades”, afirmó .