En el contexto del debate por la reforma laboral que comenzará en febrero en el Congreso, se estima que solo el 55% del monto que las empresas pagan al perder un juicio laboral llega efectivamente al trabajador, mientras que el porcentaje restante se destina al pago de honorarios profesionales y costos judiciales.
De acuerdo a un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el 45% no llega a la persona despedida, sino que se divide en otros ítems, como la cuota litis, la porción de lo obtenido en el juicio que reciben los abogados, que representa el 14% del gasto judicial.
El resto se reparte entre los honorarios del letrado del actor (11%), los peritos (7%) y los honorarios del abogado de la compañía (8%). A su vez, se suman los honorarios de segunda instancia (3%) y la tasa de justicia (2%).
A pesar de las proyecciones iniciales, el sistema de Riesgos del Trabajo recibió 134.141 nuevas demandas durante el último año, lo que representa un promedio de 370 casos por día. Esta cifra marca un incremento del 6,4% respecto a 2024 y revela una aceleración preocupante en el último cuatrimestre del año, donde las demandas saltaron un 12% interanual.
Desde la UART, comparan este fenómeno con el “desborde” vivido en diciembre de 2016, previo a la última gran reforma del sistema. “Cerramos 2025 con una cifra récord injustificada e imposible de costear”, advirtió Mara Bettiol, presidenta de la entidad. Según la ejecutiva, el sistema está quebrado por una intermediación judicial donde el juicio no representa un costo para el demandante, sino una “ganancia masiva”.
El informe advierte que, de no contenerse esta escalada, el costo laboral para las empresas sufrirá un golpe drástico. Para financiar el nivel actual de demandas y las actualizaciones de sentencias, la alícuota promedio de ART debería subir del 2,85% actual al 5,15% de la masa salarial, lo que representaría un incremento de casi el 80% en el costo de cobertura para los empleadores.