El expediente de Frigorífico General Pico se ha convertido en un verdadero campo de batalla legal, donde se cruzan la investigación penal por presunta estafa, el concurso preventivo civil y una feroz disputa corporativa por el control de la compañía. En el centro de esta tormenta se encuentran los $16.500 millones que la empresa canalizó hacia LDL, propiedad de la familia Lowenstein, en un movimiento que los acreedores califican como un acto de vaciamiento. La doble calidad de los Lowenstein, como administradores del frigorífico y dueños de la firma destinataria, es el eje de una querella que podría derivar en penas de prisión efectiva para los exdirectivos.

Mientras el juez Carlos María Iglesias supervisa los pasos del concurso preventivo, la sede judicial de La Pampa recibió declaraciones testimoniales de distintos actores del sector ganadero que alertaron sobre las irregularidades en la gestión. El allanamiento realizado en la planta de Trenel permitió incautar documentación que los peritos comenzaron a analizar para trazar el recorrido exacto de los fondos. Los primeros informes sugieren que las transferencias se hicieron sin respaldo en operaciones comerciales concretas, lo que refuerza la hipótesis de un desvío ilícito.

A esta complejidad se suma la pulseada por la conducción empresarial. La Asamblea de accionistas decidió remover a los directivos salientes y designar un nuevo equipo, pero ese recambio no ha podido efectivizarse debido a los planteos judiciales y la resistencia de los grupos vinculados a los antiguos controlantes. Los nuevos administradores denuncian que se encuentran con las puertas cerradas y sin acceso a la información financiera actualizada. La resolución de esta pugna es crucial, ya que de ella depende la continuidad operativa del frigorífico, la preservación de cientos de fuentes de trabajo y la posibilidad de recuperar el patrimonio esquilmado.