La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos a la ex presidenta Cristina Kirchner, en relación con el delito de administración fraudulenta en el caso de las concesiones de obra pública otorgadas al empresario. Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
En un fallo de 1541 páginas, la Sala IV de Casación también confirmó las condenas de Báez (6 años de prisión), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años), de Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibañez (4 años), de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).
También confirmó las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal. A Carlos Kirchner se le confirmó la absolución por prescripción.
Casación dio a conocer el fallo en una audiencia pública que se hizo en los tribunales de Comodoro Py en la que se leyó la decisión.La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal homologó además el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.
La audiencia se realizó en una sala de audiencias de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py. De los 13 acusados del caso el único que estuvo presente fue Fatala. Ninguno tenía la obligación de estar ya que eran representados por sus abogados. Sin embargo, Alberto Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, no estuvo e informó a Casación que no iba a estar en la audiencia.
Mientras ocurria la audiencia, Cristina Kirchner estaba en el partido bonaerense de Moreno. “Voy a compartir una actividad con la intendenta Mariel Fernández y 400 mujeres”, posteó en las redes sociales. La ex presidenta tuvo apoyo en la puerta de los tribunales con una clase pública que encabezaron el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y el dirigente social Juan Grabois.