El Ministerio de Salud de Perú (MINSA) generó controversia el 10 de mayo al emitir un decreto que categoriza la identidad trans como un trastorno mental. Esta medida provocó una fuerte reacción por parte de varias organizaciones LGBTI+, quienes utilizaron las redes sociales para expresar su descontento y organizar movilizaciones destinadas a revertir esta decisión gubernamental percibida como perjudicial para la comunidad trans.
Finalmente, el organismo tuvo que deshacer su decisión de catalogar el «transexualismo» y el «travestismo» como trastornos mentales. El argumento fue que era una manera de que la comunidad trans pudiera acceder a seguridad médica. La ley especificaba como elegibles para los servicios públicos y privados de salud mental a quienes tuvieran «trastorno de identidad de género».
Esta medida contradecía la nueva clasificación de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud CIE-11 (2018) que reemplazó a la CIE-10. de 1990. En un hito histórico, se dejó de considerar la «disforia de género» como una enfermedad mental.El decreto generó un repudio inmediato del activismo de la diversidad y organismos de derechos humanos locales e internacionales que se manifestaron para revertir la medida.