La mayoría de las personas afectadas por este escandaloso fraude eran jubilados con edades comprendidas entre los 69 y los 80 años, quienes recibían la jubilación mínima y se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Este despiadado empleado del Banco Nación, destacado en la sucursal de San Pedro, en la provincia de Jujuy, explotó de manera flagrante la confianza de estas víctimas. Tomaba préstamos a nombre de los jubilados, valiéndose de fotografías de sus documentos personales, y luego transfería los fondos a otras cuentas, incluida la de su propia pareja.
Ahora, el empleado infiel quedó condenado a tres años de prisión en suspenso, la obligación de hacer tareas comunitarias y cumplir una serie de pautas de conducta. El perjuicio que provocó superó los 4 millones de pesos. El acusado entregó 483 mil pesos, como forma de reparación que fue entregado vía la fiscalía a 23 de los 27 afectados. Eran jubilados que cobraban la mínimo y en estado de vulnerabilidad. Las víctimas informaron que no tenían correo electrónico y que no sabían emplear un teléfono o dispositivo electrónico, lo que le facilitaba al condenado el despliegue de la maniobra fraudulenta.
El banco, que se presentó como querellante, devolvió el dinero que le habían sacado a las víctimas: un total de 1,8 millones de pesos, que llegó a descontarle a los clientes por las operatorias que había tomado el acusado por el total de 4 millones. En algunos casos, el acusado derivó el dinero que le sacaba a algunas de su víctimas para depositarlas en las de otros clientes perjudicados. Pensaban que así no se darían cuenta.
No era tan fácil advertirlo: “Los mecanismos seleccionados por Mendoza indujeron a error a los clientes, creyendo realmente que debían permitir que se les saque fotografías de su persona y documentación o que debían realizar los depósitos de determinada manera o entregar una suma de dinero a los fines de que se constituya un plazo fijo”, sostuvo la fiscalía.
La mayoría de los hechos tuvieron lugar entre finales del 2020 y principios del 202, en momentos en que la pandemia había obligado a tener ciertas restricciones, lo que implicó menor cantidad de personal en la entidad y, por lo tanto, un menor control del personal. Fuentes judiciales dijeron que esperaban que la condena tuviera un efecto ejemplificador por la cantidad de estafas bancarias a clientes.
El juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen, condenó a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a Roberto Gonzalo Mendoza, empleado de la sucursal San Pedro del Banco Nación, como autor del delito de defraudación por persona a cargo del manejo, administración o cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, en concurso ideal con el delito de defraudación en contra de la administración pública.
La sentencia, difundida por el portal oficial fiscales.gov.ar, fue dictada días atrás en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, que incluyó una reparación dirigida a 23 de las 27 víctimas por ser personas mayores y vulnerables. El acuerdo fue resultado de un proceso que demandó cuatro meses. Fue propuesto por el fiscal Federico Zurueta, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy. En la tarea investigativa también intervino la auxiliar fiscal Romina Verdur.
La mayoría de las víctimas tenían entre 69 y 80 años
De acuerdo con lo establecido en la investigación, Mendoza había ingresado a trabajar al Banco Nación en 2014: llegó a cumplir varias funciones dentro de la entidad, entre las que se destacan la de responsable de plataforma operativa y la de ayudante de firma para gerente. Fue desafectado recién en octubre último. No solo era solo conocido por los clientes, sino también por toda la ciudad de San Pedro, donde vive.
Según surge de la investigación, el empleado desplegó una serie de maniobras fraudulentas. Una de las más frecuente fue la toma de préstamos, cuyos valores eran inmediatamente redirigidos a otras cuentas, una de ellas perteneciente a su pareja. Ejecutaba después otras operaciones que tenían como objetivo cubrir rastros y evitar que la víctima tomara conocimiento de inmediato del fraude, para lo cual se valía de las claves internas del banco para usar dinero de otros clientes y así saldar los vacíos financieros.
La maniobra se descubrió cuando le otorgaron un préstamo a nombre de un cliente por la suma de 150 mil pesos que no había sido acordado con el gerente de la sucursal. Fue entonces que el imputado generó una partida deudora simulada por supuesta diferencia monetaria, dio de baja la cuenta del titular y canceló la deuda con dinero de depósitos en efectivo que no habían impactado en cuentas destino y a su vez con dinero propio.
No era su única forma de actuar. Con un celular, el condenado generaba una cuenta en la aplicación digital BNA+ sin el consentimiento de sus clientes, a quienes tomaba fotografías tipo selfie de frente y perfil y de sus documentos. Así, daba de alta el usuario y concertaba préstamos que, luego de impactar en la cuenta de los clientes, eran transferidos a distintas cuentas destinatarias. Entre otras de las categorías del fraude, se registraron operaciones realizadas entre noviembre y diciembre de 2020, 2021 y 2022 mediante el uso de un dispositivo celular.
Entre otras modalidades, la fiscalía también estableció la responsabilidad del ahora condenado en un caso ocurrido en abril de 2022, cuando se descubrió la extracción de dinero de la cuenta de un cliente en fechas posteriores a su deceso, en ese mismo mes.
El banco intimó a los familiares a devolver el dinero. Cuando un familiar llegó al banco, lo atendió el acusado: los acompañó a las terminales de autoservicio para hacer la devolución del dinero. Es más, el familiar de la víctima le entregó en mano el dinero y el acusado lo ayudó a hacer la operación, pero depositó el efectivo en una cuenta que no era la que correspondía.
También se determinó la intervención del acusado en la constitución de plazo fijo de un cliente, quien hizo entrega de una suma de 300 mil pesos que nunca fueron acreditados en el tipo de inversión requerido. La fiscalía puso de relieve que, para evitar que se descubriera la maniobra, el empleado generó documentación de respaldo apócrifa, como el certificado de constitución de plazo fijo, incluso con la firma de directivos de la entidad bancaria. Dos víctimas exhibieron un documento suscripto por el condenado que daba cuenta que no era necesario que sacaran turno para concurrir a la entidad bancaria y que debían ser atendidos solo por él.
El estado de vulnerabilidad de las víctimas quedó claro para la fiscalía y esto agravó el abuso de confianza con el que se manejó el acusado, “buscando mantener la situación de engaño no solo en las víctimas, sino también en la entidad bancaria”, se resaltó en la condena.