El juez Augé dispuso hoy que los ex titulares de la AFI presten indagatoria el 9 y 10 de diciembre, respectivamente, por las presuntas maniobras de espionaje ilegal a detenidos.
Los ex directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiamos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, volvieron a ser citados a indagatoria por presuntas maniobras de espionaje ilegal. En ese caso, correspondientes a dirigentes políticos, sindicalistas y empresarios detenidos en cárceles.
La citación fue realizada por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, que los convocó para el 9 y 10 de diciembre, respectivamente, en el marco de una ronda de indagatorias que involucra a otros 23 imputados, entre los que figuran ex funcionarios y espías de la AFI.
En ese sentido, las indagatorias Arribas, Majdalani, más de veinte ex agentes de la Agencia y del Servicio Penitenciario Federal, entre los que está involucrado su ex titular Emiliano Blanco, fueron dispuestas por Augé a costa de un requerimiento de los fiscales que trabajan en la investigación, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Las indagatorias virtuales, que comenzarán el 20 de noviembre y se extenderán hasta el 14 de diciembre, implican que sean extendidas “las resoluciones de las situaciones procesales de los imputados”, quienes ya habían sido indagados en el marco de la misma investigación por otras maniobras de espionaje.
En este caso, las declaraciones girarán en torno al Legajo 9. En el mismo se investigan maniobras de espionaje ilegal ejecutadas por ex miembros de la AFI, junto a ex agentes y funcionarios penitenciarios, sobre personas detenidas. Entre ellos, ex funcionarios y empresarios detenidos por corrupción.
Cabe mencionar que la causa por espionaje ilegal que se tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora fue dividida en tres ejes distintos: la inteligencia realizada sobre el Instituto Patria y Cristina Kirchner, el espionaje penitenciario y el espionaje a dirigentes políticos, sociales, gremiales, religiosos y periodistas.
Puntualmente en este expediente, los fiscales están centrados en el rol que jugó el área de jurídicos de la AFI dentro de la estructura ilegal, ya que la misma fue reconfigurada durante el gobierno de Mauricio Macri, incorporando a sus funciones habituales el “trabajo operativo”. Esto incluía tareas de escucha y transcripción, siendo que antes sólo se ocupaba de asuntos formales ante la Justicia.
Según los fiscales, los imputados “se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520”. Las víctimas serían el actual procurador general del Tesoro, Carlos Zannini; el ex vicepresidente Amado Boudou; los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez; y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; entre otros detenidos.
“También realizaron esas actividades ilegales respecto de otras personas, algunas vinculadas a las mencionadas por su condición de abogados defensores y otras que no tenían relación con ellos”, manifestaron Incardona y Eyherabide.
Los fiscales consideraron que las tareas de inteligencia ilegal “alcanzaron a organizaciones que nucleaban a familiares de personas privadas de libertad, organismos de derechos humanos, reconocidos militantes del espacio de protección de derechos de las personas privadas de libertad, personas privadas de libertad alojadas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal y Servicios Penitenciarios provinciales”.
Según lo manifestado, también agregaron que el espionaje alcanzó a “agentes penitenciarios y miembros de su propia fuerza, que planificaban algún tipo de organización sindical y/o reclamos laborales por sí o por medio de sus familiares”.
“Si bien para el espionaje de este conjunto de víctimas la inteligencia desde el SPF tuvo un rol crucial, la información generada desde allí fue tributaria de los objetivos de espionaje ilegal establecidos desde los imputados de AFI, quienes recibieron como insumo la información generada desde el sistema carcelario, la llevaron a instancias ulteriores y a su vez no limitaron su propósito de espionaje ilegal sobre personas detenidas al SPF, sino que también lo extendieron a establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Bonaerense”, expresaron.
Los fiscales sostienen que el programa de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC) implementado durante la presidencia de Macri en distintos pabellones de Ezeiza y Marcos Paz fue utilizado como una fuente de información directa. Además, acusaron al ex titular del SPF Emiliano Blanco de facilitar las maniobras de espionaje a través de distintas resoluciones.
“Se utilizaron distintas dependencias del Servicio, principalmente, la Dirección Principal de Análisis de la Información, a cargo de Cristian Suriano, y su segundo, Juan Carlos Silveira, junto a Sebastián Siri, quienes dispusieron y orientaron los recursos técnicos y humanos para concretar uno de los circuitos que permitieron la obtención, rápida, segura y efectiva de la información vedada por ley”, indicaron los fiscales.
En ese sentido, remarcaron que la información obtenida iba a agentes de la AFI que la utilizaban con “propósitos de espionaje adicionales”, motivo por el cual citaron a todos los involucrados en la red de espionaje.
Entre las pruebas, señalaron: “Conforme a las copias forenses realizadas sobre el teléfono LG K120 K4 7 se pudo determinar que los agentes ubicados en los lugares de detención, transmitían numerosa información, que sólo se refería a las actividades políticas y/o sociales de detenidos y no a prevenir actos de corrupción, a través del grupo de whatsapp denominado ‘Círculo de confianza’”.
Además de Arribas y Majdalani, junto con los ex agentes, fueron citados integrantes del Área de Jurídicos de la Agencia como Juan Sebastián Destéfano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens. Este último, antes de trabajar en la AFI, se desempeñó en el Juzgado Federal 11 a cargo de Claudio Bonadío.
También se solicitó la ampliación de la indagatoria del ya procesado ex jefe de operaciones especiales de la AFI, Alan Ruiz, y de los espías Jorge Sáez, Facundo Melo y Leandro Araque, entre otros.
Los investigadores sospechan que fue a través de esta estructura de espionaje ilegal que se filtraron las escuchas realizadas a exfuncionarios que están o estuvieron detenidos en el penal de Ezeiza como Roberto Baratta o Juan Pablo Schiavi, vulnerando la orden judicial que en algún momento autorizó sólo a escuchar y transcribir las conversaciones telefónicas del narcotraficante Mario Segovia.