Lo hicieron los diputados del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Martín Soria. Según manifestaron, presentaron pruebas de extorsión y persecución a sindicalistas.
Diputados nacionales del Frente de Todos pidieron hoy a la Justicia nuevas medidas de prueba en el marco del expediente que posee la jueza federal María Eugenia Capuchetti y que investiga distintas “presiones” ejercidas sobre magistrados por parte del Gobierno de Cambiemos mediante la llamada “Mesa Judicial”.
Lo hicieron ampliando la denuncia presentada en el pasado mes de mayo y que dio pie a la causa en la que, hasta el momento, sumaron información (según manifestaron) probaría el rol de la ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, como “parte central de la asociación ilícita”.
El objetivo de la mencionada organización sería la “persecución” y “disciplinamiento” de sindicalistas, como Hugo y Pablo Moyano, el petrolero Guillermo Pereyra y el líder de los lecheros, Héctor Ponce.
La ampliación de la denuncia fue presentada por los diputados Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, que pidieron que sean investigadas “las distintas acciones de presión, intimidación, amedrentamiento y abuso sufridas por dirigentes políticos y sindicales opositores” desde la asunción de Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2015.
“Los nuevos hechos demuestran que el máximo responsable a cargo de los distintos ilícitos cometidos por la mesa judicial era el expresidente Macri, quien emitía las órdenes y trazaba las estrategias”, manifestaron a través de un comunicado de prensa.
Con los diputados @SoriaEnAccion y @eduardofvaldes denunciamos nuevos hechos en la causa de la Mesa Judicial macrista. Aportamos pruebas de extorsión y persecución a los dirigentes sindicales Héctor Ponce, Guillermo Pereyra y Pablo Moyano. Aparece en escena @PatoBullrich. pic.twitter.com/hrlHKYz6Od
— Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) November 4, 2020
En cuanto a la presentación, “el líder petrolero Pereyra señaló que durante un viaje institucional a Estados Unidos de abril de 2017 que compartió con el entonces presidente Macri, el mandatario le anticipó: ‘A ese tipo yo lo voy a meter preso’, en alusión al «líder de los lecheros Héctor Ponce”.
Hecha la introducción, los diputados recordaron: “Un año después, el titular de Atilra enfrentaba una denuncia y allanamientos de la Policía Federal. Las investigaciones surgieron a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dependía del Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo en aquel entonces”.
De ese modo, consideraron que “esta maniobra evidencia que era el mismísimo Mauricio Macri quien diseñaba las tácticas de la mesa judicial para perseguir opositores”. También apuntaron que la mencionada maniobra en perjuicio del líder de Atilra tenía como objetivo “disciplinarlo para que posteriormente, en 2018, Ponce ‘negocie’ paritarias en línea con la pauta oficial (15%)”.
Además, los diputados también aseguraron que el ex senador Pereyra declaró que, “tanta vehemencia” en su contra, estaba relacionada con que “Bullrich le dio directivas expresas a un fiscal de Neuquén” para perjudicarlo. Esto, según habría descripto el propio Pereyra, desencadenó una “persecución” en su contra.
“En el caso de camioneros y los Moyano se repitió el modus operandi: espionaje acompañado por una persecución judicial orquestada directamente por la ‘Mesa Judicial M’”, destacaron los diputados en la presentación judicial.
También subrayaron que “no resulta sorprendente que un Gobierno abiertamente anti-trabajador realizara acciones para desarticular la organización sindical y así poder evitar las resistencias naturales a sus políticas de ajuste y empobrecimiento”.