Los estafadores aprovechan las urgencias económicas de sus interlocutores para hacerlos caer en sus trampas, los secretos del phishing y los “sicarios tecnológicos”.
Buscan personas con urgencias económicas, en conflictos laborales o edad avanzada. Saben sus datos. Además de los números de los celulares, cuentan con nombres y apellidos, lugares de trabajo o categorías impositivas. Al llamar, se hacen pasar por empleados públicos y le hacen creer a su interlocutor que fue “beneficiado por el bono de fin de año que el Ministerio de Desarrollo Social otorga en el marco de las políticas paliativas contra la pandemia” o por “pertenecer a una empresa con problemas financieros y retrasos a la hora de pagar sueldos”.
Cuentan que es parte del decreto presidencial (N°332/20) que instrumenta el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Ese es el primer paso de la cadena de estafas llevada a cabo por redes de hackers que operan a través de cuentas bancarias (y encuentran una ventana en la necesidad de la gente).
Le piden a la víctima incauta que anote el nombre de la persona con la que está hablando, y una dirección de la oficina desde donde se comunica. Comentan “cómo funciona el subsidio”. Al lograr confianza con el “cliente” del otro lado del teléfono, no solicitan ningún número personal (“para su seguridad”): simplemente, el banco en el que está afiliado.
Luego de decir el monto correspondiente de la “ayuda” o “bono”, explican que hay que operar con una clave que dan y que debe ser ingresada voluntariamente, pero de prisa porque ese día “termina el beneficio que su empleador evidentemente nunca le notificó”, a través de un cajero, para hacer el depósito en una cuenta (propia o no) en el marco de esa supuesta política pública. Una vez cumplidos los requisitos, toda la plata allí guardada desaparece.
“Primero llamaron a mi hijo, que era el beneficiado de ese plan. Le dieron información suya muy precisa. El monto que le prometieron era 20.400 pesos y le dijeron que ese era el último día posible para que lo cobraran quienes son monotributistas. Le mencionaron que desde la empresa donde trabaja le debían haber avisado y que seguramente ese había sido el problema por el cual no se enteró antes. Como en ese momento no podía ir al cajero, le dijeron que podía tramitarlo alguien de su confianza. Esa persona terminé siendo yo. Era una plata que realmente él necesitaba y se aprovecharon de eso con datos suyos muy específicos. Nos terminaron sacando más de 30 mil pesos”, se lamenta Leticia, jubilada y víctima de este modus operandi que suele intensificarse en meses candentes, como diciembre.
La cuenta del Banco Provincia de esta jubilada terminó vaciada y, como fue “parte voluntaria” del proceso, el reclamo no contempla la restitución del dinero.
De acuerdo con uno de los mayores especialistas argentinos en ciberseguridad y CEO de BTR Consulting, Gabriel Zurdo, el ciberdelito en la Argentina –constituido como “industria”– experimentó un alza exponencial en todos sus indicadores desde febrero de 2020 hasta la fecha. No solo en cantidad de ataques, sino en cuanto a eficacia en la concreción de la estafa. “Estos ataques se redujeron a la mitad del tiempo promedio que tenían antes de la pandemia y, además, pasaron a obtener el doble de los resultados que generaban en ese mismo lapso.
En la tabla bianual 2020-2021 tenemos un crecimiento del 400% en los ataques y de entre un 70% y 80% en la comisión efectiva del delito”, explica, y agrega que “a nivel global, más del 50% de los bancos sufrieron un incremento en el volumen de los ataques y en el monto de las defraudaciones”.
